Asimismo, un miembro de la comisión legal del movimiento 15-M, José González, destacó que en los 12 folios de sentencia se ha probado que “todo el operativo policial fue ilegal”; que el campamento era su residencia temporal “y, por tanto, el operativo policial debería haber actuado con una orden de desahucio” porque la policía nacional “venía a acompañar una operación de limpieza”.
Además, Casanova añadió que se sentía “muy satisfecho porque se ha hecho justicia en un estado de derecho”, ya que se produjeron “numerosas irregularidades en la operación de desalojo” entre las que destacó “que no fueron informados de la acción, que no fue respetado su domicilio temporal ni pertenencias personales y que no iban correctamente identificados”.
Finalmente, González aseguró que “se trata de una sentencia pionera que sentará jurisprudencia. Añadió que habrá más denuncias “por la violencia y las lesiones recibidas” que estarán estructuradas en tres niveles primero contra la policía que dirigía el operativo; segundo contra el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno y tercero se articulará una demanda general a nivel de Estado contra el Ministerio del Interior “quienes parece que diseñaron el operativo”.
