De esta manera, el caso investiga el convenio urbanístico para la cesión de unos terreros al Ayuntamiento a cambio de parcelas para edificar.
En 2002, Cardona, cuando era concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, firmó los convenios con las empresas Improcansa y Urbacan, que se encuentran implicadas en el caso.
Según informa Canarias7 y recoge Europa Press, el alcalde tendría que acudir a declarar el miércoles, 14 de marzo, mientras que al día siguiente sería el empresario Eduardo Fernández, (con el que se firmó dicho convenio) el que tendría que prestar declaración ante el juez.
Por su parte, esta decisión ha sido adoptada después de que la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Las Palmas entendiese que el archivo provisional de la investigación que tuvo lugar el pasado 14 de diciembre por orden del juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria carecía de fundamentos sólidos.
Así, el fiscal, Javier Ródenas, presentó un recurso contra el archivo, pidiendo además que se investigue una posible malversación en el proceso de firma del convenio urbanístico, mientras que solicitó la declaración en calidad de imputados a varias personas, entre las que figuraba el actual alcalde —entonces concejal de Urbanismo de la capital—.
Finalmente, desde el Ayuntamiento capitalino señalaron a Europa Press que aún no se ha recibido ninguna información al respecto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
