Tras veinte años de trabajo ininterrumpido, las puertas de la cárcel no se les abrieron. Lo curioso es que no se trata de que no los dejaran salir, sino que lo que se les prohibió fue la entrada. Los cocineros de la prisión de Salto del Negro se quedaron el viernes en la calle, en su doble sentido: el literal y el coloquial. «Íbamos a trabajar y no nos dejaron entrar, ya habían retirado las autorizaciones de entrada», explica Gregorio Peñate, delegado sindical de los trabajadores despedidos.
Según su versión, el problema está en que Instituciones Penitenciarias no quiso seguir prorrogando el servicio que tenía adjudicado la empresa Albie y asumió el servicio de la cocina a través de un organismo autónomo. Sin embargo, no contó con los trabajadores, que han quedado abocados al desempleo.
«Lo curioso es que en estos veinte años han pasado tres empresas distintas por el servicio de cocina de Salto del Negro y a todas se les obligó a subrogarnos», prosigue Peñate con su explicación, «y ahora que es la administración la que tiene que seguir sus propias normas, resulta que se las salta y nos vemos en la calle».
Los afectados tienen claro que la próxima semana llevarán el asunto a los tribunales. «Tenemos ya una abogada laboralista y vamos a demandar tanto a la empresa como a instituciones penitenciarias», prosigue el representante de los trabajadores, «no nos indemnizan porque la empresa dice que el Estado tiene que subrogarnos y nosotros entendemos que la subrogación está clara porque la actividad se sigue prestando».
No quieren indemnizaciones. «Queremos nuestro puesto de trabajo», aseguran. La amenaza del paro se cierne como un peligro pues hay varios que rondan la cincuentena «y así encontrar trabajo será difícil».
