La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha alertado de que unas 305.000 personas con derecho reconocido a recibir atención por estar en situación de dependencia están sin atender en España, y eso aunque en 2011 la mortalidad redujo la cifra de beneficiarios en 60.000 personas, unas vacantes que no se han cubierto.
En un informe, la organización señala que de estas 305.000 personas con derecho a una prestación o servicio, más de la mitad (166.413) son grandes dependientes (Grado I, Nivel 2), es decir, los que se encuentran en una situación más delicada.
A estas personas, que suponen el 28,9% del total de dependientes reconocidos en España, no les afecta el retraso en la aplicación de la Ley de Dependencia aprobado por el Gobierno y que está pensado para posponer la incorporación al sistema de quienes tienen un menor grado de dependencia ajena, los dependientes moderados.
El informe explica que, en paralelo, “el promedio mensual de incremento de atenciones del año 2011 ha sido de 6.649 –tres veces menos que la de años anteriores– y la tendencia desde mayo del pasado año ha sido decreciente”.
En este sentido, destaca que en algunas comunidades autónomas la variación ha sido negativa, ya que salen (porque fallecen) más dependientes del sistema de los que se incorporan. En el año 2011 el balance se ha saldado con 60.000 grandes dependientes atendidos menos.
Tras Canarias, que lidera la clasificación, en Galicia el porcentaje es del 44,3 por ciento y afecta a 27.977 personas, mientras que en la Comunidad Valenciana el 41 por ciento se encuentra en esta situación, un total de 29.754 ciudadanos sin atender.
CASTILLA Y LEÓN, CEUTA Y MELILLA SÍ CUMPLEN
También están cinco puntos por encima de la media nacional Aragón (34%), Baleares (38,8%) y Cantabria (34,2%). Sin embargo, hay regiones que sí cumplen con las previsiones de la ley: en Castilla y León sólo un ocho por ciento de los dependientes reconocidos están sin atender, igual que en Ceuta y Melilla.
“O se comienza a considerar los servicios sociales y la dependencia como inversión social, que además de generar calidad de vida y bienestar de las personas y familias más vulnerables, provoca unos retornos económicos y generación de empleo, o se va a convertir en un gasto que alguien vendrá a recortar”, ha declarado el presidente de la Asociación, José Manuel Ramírez.
