En la sesión constitutiva se presentó, además del presupuesto para el presente año, una serie de medidas destinadas a estimular la productividad de los empleados y racionalizar gastos, fundamentadas en lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público para la concurrencia de graves circunstancias económicas.
Con ello, el Ayuntamiento pretende alcanzar un ahorro estimado de 3.755.343,36 euros, lo que supone un ajuste del 3,83 por ciento con respecto al pasado 2011 que permitirá mantener los actuales niveles de empleo municipal, sin necesidad de acudir a extinciones de contratos de su personal o a expedientes de regulación de empleo, al que se han visto obligadas otras administraciones públicas.
En primer lugar se informó de la creación del órgano de gestión tributaria, que facilitará a los ciudadanos el cumplimiento de este tipo de obligaciones, con fundamento en la gestión electrónica y en la creación de la carpeta ciudadana.
Esta acción supondrá la integración de los recursos de la Empresa de Recaudación Ejecutiva de Las Palmas de Gran Canaria (ERELPA) en la Administración local, sin pérdida de empleos en el sector público municipal.
También se informó de las medidas derivadas de la crisis económica en el capítulo de personal, en los que el Consistorio municipal aboga por la amortización de plazas vacantes para equilibrar el presupuesto y mantener así el nivel de empleo.
En consonancia con la línea ya implantada por la Administración General del Estado, por el Gobierno de Canarias y por otras de ámbito local, se suspende para el ejercicio 2012 el abono de las cantidades destinadas a sufragar conceptos complementarios de las retribuciones como son los gastos de estudio, los gastos médicos y farmacéuticos y el complemento del 100% de retribuciones en la incapacidad temporal a partir del tercer mes, quedando sólo exento en los casos derivados por accidente de trabajo, maternidad, embarazo, intervención quirúrgica, internamiento hospitalario y tratamientos de procesos oncológicos.
Asimismo, se suspenden también las aportaciones públicas a los planes de pensiones de los empleados, mientras que el devengo de productividad será proporcional al cumplimiento de la jornada y el calendario laboral, quedando también exenta la inasistencia derivada por accidente de trabajo, maternidad, embarazo, intervención quirúrgica, internamiento hospitalario y tratamientos de procesos oncológicos.
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