Por todo ello fue imputado por malversación de fondos, prevaricación y cohecho, aunque la juez, Carla Bellini, retiró este último cargo al considerar que del resultado de la exhaustiva investigación “no se aprecia de una manera cierta e inequívoca la existencia de indicios que permitan suponer que los ingresos investigados provengan de los empresarios, Ignacio González y Antonio Plasencia”, compradores de la playa.
Los investigadores también detectaron que el exalcalde se integró en la empresa Multipropiedad Tenerife, constituida por Luis Rodríguez Muñoz, cuñado del exalcalde, Miguel Zerolo y su exesposa María Fátima Zerolo en 1989, poseyendo el matrimonio un 50% del capital social de la misma mientras que el resto correspondía a Andrés Ferrero Delgado. En 1990, Rodríguez traspasó sus acciones a Antonio Plasencia, entre otras cuatro personas más. En 1997, García Gómez se convierte también en accionista al adquirir el 50% de las mismas y se convierte en administrador.
A partir de ese momento se abre una cuenta en una entidad bancaria en la que se detectan irregularidades en unos ingresos registrados entre los años 1998 y 2001 que ascienden a unos 30 millones de pesetas “de procedencia desconocida” ya que la entidad alegó que no podía documentarlos por el tiempo transcurrido. Sin embargo, tras realizar un análisis más detallado y tras varios requerimientos más al banco éste alegó que los apuntes nunca habían existido y que todo se trataba de un error informático. “Resulta extraño que esta sociedad mantenga durante su existencia unos saldos superiores a tres millones de pesetas mientras que en 2007 éste se situara ya en cerca de 63.000 euros. Todo ello sin haberse detectado en los mismos grandes cargos y con los pocos pagos que se realizan, por lo que se podría afirmar que posiblemente sea una sociedad patrimonial”. Este concepto implica que más del 50% de su activo esté compuesto por valores (acciones o participaciones) o que más de la mitad de su activo no esté afecto a actividades económicas. Igualmente se exige que más del 50% del capital social pertenezca a 10 o menos socios o a un grupo familiar. Todo ello da lugar a un régimen especial a la hora de tributar.
Los investigadores consideran de interés que en el año 2002 el domicilio social de esta mercantil coincida con el de todas las sociedades en las que participa García Gómez, excepto una, lo que podría implicar que el accionista mayoritario sea el exalalde o su entorno. También los policías creen extraño que adquiriese participaciones dedicadas a la publicidad y radiodifusión mientras que hasta entonces sólo se había dedicado a asuntos sanitarios. Otro hecho que se considera llamativo es la utilización de préstamos hipotecarios y personales para la adquisición de bienes muebles e inmuebles que en algunos casos son cancelados antes de tiempo, en ocasiones por fondos recibidos de ventas pero en otros casos con dinero propio. “Esto significa que posiblemente no necesitase de los préstamos sino para aflorar otras cantidaes. Estos hechos, además se producen entre 2001 y 2005, fechas claves en la investigación”, se recoge en el sumario.
A partir de 2001 también se identifica una serie de compra de valores que ascienden a 34.500 euros y que se obtienen de traspasos de sus cuentas desde los Laboratorios García Gómez en las que se detecta “una elevadísima cantidad de ingresos en efectivo”, un sistema que “permitiría canalizar ciertas cantidades de dinero en efectivo”. De hecho, se llegó a cuantificar un volumen de cerca de 1,8 millones de euros en estos depósitos bancarios durante el período analizado.
