Esta cantidad tiene como finalidad cubrir los gastos derivados del desarrollado de la Estrategia Nacional sobre Drogas en los planes autonómicos, el desarrollo de programas de prevención, de los sistemas de información, así como los gastos derivados de programas de rehabilitación de toxicómanos con problemas jurídico-penales.
El importe total de estos créditos se trasfieren directamente a las comunidades autónomas y se destinan a planes de lucha contra las drogas (excepto Navarra y País Vasco, debido a su régimen de cupo).
Los criterios y la distribución de los créditos entre las distintas comunidades y ciudades autónomas fueron aprobados, por unanimidad, en la última Conferencia Sectorial del Plan Nacional sobre Drogas, en la que están representadas tanto la Administración central como las comunidades autónomas.
