La consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, ha informado de que un total de 1.261 menores en riesgo de exclusión social se están beneficiando en el presente curso del programa de desayunos escolares que ofrece la Consejería de Educación en 59 centros de Infantil y Primaria del archipiélago.
En una nota de prensa, Inés Rojas ha indicado que del total de niños que participan en este programa, 609 alumnos son atendidos en 30 comedores de la provincia de Las Palmas y los 652 restantes en 29 comedores escolares de la provincia tinerfeña.
El programa de desayunos escolares da respuesta al alumnado cuyas familias se encuentran en exclusión social. Se trata de un programa completamente gratuito al que acceden aquellos niños y niñas procedentes de familias con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional, detalló la consejera.
Rojas ha explicado que los menores con dificultades económicas y de exclusión tienen acceso prioritario a los comedores escolares de acuerdo a los informes emitidos por los Servicios Sociales de los ayuntamientos. Al resto de solicitudes se les aplica el baremo establecido, que prima la conciliación de la vida laboral y familiar. La aplicación de este baremo lo realiza el Consejo Escolar.
Las subvenciones que reciben los comedores se aplican en función de la renta de los comensales y las cuotas que pagan las familias se distribuye en función de la renta (un 75%) y de la situación social (un 25%).
Según la consejera, “el Gobierno de Canarias es consciente de la importancia de este servicio complementario como recurso educativo facilitador de la conciliación familiar, así como de su inestimable función compensatoria y social. En una situación socioeconómica difícil como la actual, este servicio se convierte en una importante ayuda al contribuir a la compensación de desigualdades, cubriendo en algunos casos una relevante vertiente asistencial”.
Inés Rojas ha hecho hincapié en que el comedor escolar constituye un servicio complementario de carácter educativo y social que presta la Administración educativa y que contribuye a una mejora de la calidad de la enseñanza y de las relaciones familiares. “Se configura, por tanto, como una pieza fundamental de apoyo a los padres y las madres del alumnado, al contribuir a la conciliación de sus obligaciones laborales con las familiares”, apostilló.
