Se ha abierto la veda de los desahucios en Visocán, la empresa pública de viviendas sociales del Gobierno de Canarias creada en 1977 para promover la construcción de viviendas de protección oficial a precios asequibles para familias canarias con pocos recursos económicos. Lo vimos la semana pasada, cuando querían desahuciar a una familia con varios menores por una deuda de 400 euros. Sí… ¡400 ridículos euros! ¿Se imaginan a un banco desahuciando a una familia por 400 euros? No quiero ni pensar la que le caería encima, de inhumanos para arriba. Pues ahí tenemos al Gobierno de Canarias a través de una de sus empresas creada precisamente para ayudar a las familias con pocos recursos, dejando en la calle a familias con pocos recursos. En este caso al final se pudo salvar el desahucio gracias a la rápida intervención de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Tenerife y a la mediación de algún que otro concejal de Santa Cruz de Tenerife. Pero, ¿se podrán salvar los desahucios que vienen en cola? Porque vienen unos cuantos desde Visocan, según hemos tenido noticia.
Al parecer, en la empresa pública de la que es presidenta la también Consejera de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, Doña Inés Rojas –curiosa paradoja: asuntos sociales y desahucios a familias precarias de la mano-, con la crisis y los recortes ya no hay forma de maquillar el agujero y están decididos a sanear como sea las cuentas. Así las cosas, ya le han bajado el sueldo al Gerente –el marido de Ana Oramas- desde los 100.800 euros anuales ha pasado a 69.046 euros que ahora tiene. Pero parece que no es suficiente con bajar el sueldo a los altos cargos y va por delante un ERE que mandará a la calle a más de un empleado, y para rematar también se habla de que todas las familias con deudas pendientes deben pagar sí o sí, sin acuerdos de pagos fraccionados ni otras salidas intermedias, si quieren seguir viviendo en sus casas.
En este nuevo contexto, que nosotros sepamos hay 3 desahucios inminentes a tres familias de distintos barrios del municipio de La Laguna. Una familia de Bajamar, el caso más urgente, con niños menores, anciana mayor y el desahucio previsto para este miércoles día 19, si nada lo impide. Los otros dos casos, con unas semanas más de margen, corresponden a dos familias monoparentales con mujeres al frente, sin exmarido que pase ni ayude en nada, con menores varios dependientes de esas madres. Las tres familias han tocado a la puerta de nuestra Plataforma y nos hemos puesto en ello. También están en manos de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas pero a falta de resolución creemos que esta realidad debe saberse.
En el primero y más urgente de los casos son 5000 euros de deuda, para los que al parecer no hay forma de pactar ningún acuerdo que no sea finiquitar la deuda. La segunda familia debe algo más de 2000 euros, y aunque la madre tiene un mínimo ingreso por trabajo y podría hacer frente al pago, Visocan parece que tampoco acepta acuerdo de pago alguno. Con la tercera familia la situación se presenta aún más difícil porque no tiene la madre ningún ingreso momentáneo y la deuda ronda por los 4000 euros. Sea como fuere, volvemos a lo mismo que antes decíamos: son viviendas sociales construidas para alojar a familias con pocos recursos y estas familias es evidente que tienen muy pocos recursos, luego, no las pueden echar así como así.
No las pueden echar por muchos motivos. En primer lugar porque estamos hablando de casas construidas con dinero público. Porque Visocan no es un banco, no es una empresa privada, Visocan somos todos los canarios y estoy seguro que la mayoría de los canarios no queremos que una madre y su hija se vayan a la calle así sin más. No lo queremos por humanidad, porque al dejar la casa esa niña quedará en desamparo y se verá avocada a ir a un centro de menores dejando a una madre rota y sola y a una familia destrozada. Y no lo queremos porque en el mejor de los casos el remedio es peor que la enfermedad, ya que en Canarias los menores que viven en centros bajo la tutela del Gobierno Autonómico cuestan a las arcas públicas canarias algo más de 50 euros al día por cada niño. Y la resultante es clara: los 4000 euros que debe esta madre a Visocan se liquidan en 3 meses con lo que nos cuesta un menor en un centro.
Y lo injusto y absurdo del asunto se completa con lo que dice la Ley. Y es que hace algo más de una semana el Gobierno Autónomo promulgó un Decreto (77/2012 de 30 de agosto)[1] que pretendía poner orden en toda la legislación relativa a Visocan y las ayudas sociales, un texto en el que se hace mención especial a cuales son los beneficiarios de viviendas sociales con derecho a protección preferente, al afirmar:
3. También se entenderán que son beneficiarios con derecho a protección preferente, los que, contando con los requisitos señalados en el párrafo anterior, se encuadren en alguno o algunos de los siguientes colectivos, definidos por la legislación específica que, en cada caso, resulte de aplicación:
a) Personas que accedan por primera vez a la vivienda.
b) Jóvenes, de hasta 35 años.
c) Personas mayores de 65 años.
d) Mujeres víctimas de la violencia de género.
e) Personas afectadas por situaciones catastróficas.
f) Familias numerosas.
g) Familias monoparentales con hijos.
h) Personas dependientes o con discapacidad oficialmente reconocida, y las familias que las tengan a su cargo.
i) Personas separadas o divorciadas, al corriente del pago de pensiones alimenticias y compensatorias, en su caso.
j) Personas sin hogar, personas que han sufrido un desahucio o procedentes de operaciones de erradicación del chabolismo.
k) Víctimas del terrorismo.
l) Personas afectadas por situaciones de carácter excepcional y de interés público, que conlleven medidas tales como la demolición o inutilización de viviendas y el realojo de sus ocupantes u otras de análoga naturaleza.”
Los tres casos de los que venimos hablando, las tres familias objeto de desahucio inminente a manos de la Consejera de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, cumplen por lo que parece con unos cuantos de los requisitos fijados. Entonces… ¿qué está pasando aquí? Algunos ya lo sabemos desde hace tiempo, aunque esta vez nos vamos a ahorrar los calificativos.
Eloy Cuadra,
portavoz de la Plataforma por la Dignidad de las Personas sin Hogar.
